Fuente: El Norte
Por: Alfredo González
Monterrey, México (17 octubre 2019).- Sólo tras las rejas podrán defenderse los contribuyentes por la vía del amparo en contra de la nueva Ley antifacturera, advirtió Moisés Castro Pizaña, vicepresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade).
“Los amparos sólo podrán imponerse por los contribuyentes cuando ya estén en la cárcel y sujetos a investigación por parte de una autoridad fiscal”.
Explicó que en la forma como fue aprobada la iniciativa por los legisladores, en la urgencia por sacarla adelante en este periodo de sesiones, ignoraron las advertencias de los organismos empresariales y de especialistas, por lo que las nuevas leyes penales tributarias que entrarían en vigor en enero sólo podrán impugnarse cuando haya un acto de aplicación.
“Es la única forma como podrán los contribuyentes interponer el recurso de amparo contra las reformas legales que tipifican a la defraudación fiscal con facturas falsas como delito de organización delictiva: con prisión preventiva de oficio.
“No habrá una lluvia de amparos. Solamente procederá el amparo de aquellos a los que se les finque una investigación en concreto, no podemos hacer nada más que prevenir”.
Mario Saucedo Montemayor, presidente de la Anade Capítulo Nuevo León, aclaró que una vez en la cárcel, los contribuyentes sujetos a investigación por defraudación fiscal, aun cuando sea por un error u omisión, podrán alegar la inconstitucionalidad del acto y promover el amparo.
“Tendría que argumentarse que es totalmente inconstitucional la disposición del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque la Constitución, en su artículo 19, no cataloga como delito de prisión preventiva la defraudación fiscal”.
Mario de León, vicepresidente de la Anade Nuevo León, condenó que los legisladores hasta ahora sólo impulsen iniciativas contra las empresas, sin promulgar iniciativas de combate a la corrupción en el ámbito gubernamental.
“Se les ha olvidado que más del 80 por ciento de esos desvíos se refieren a delitos a manos de la propia administración pública, pues la estafa maestra y otros desvíos de dinero de las arcas públicas eran destinados a organismos públicos como universidades”.
Cuestionado ayer sobre la inconformidad de empresarios por la Ley antifacturera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo anonadado por la reacción de los empresarios, en particular la Coparmex.
“Lo que están demostrando es que estaban de acuerdo con estos ilícitos. No estoy hablando de todos los empresarios, sino de los dirigentes”.
En respuesta, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, rechazó que defiendan a las empresas que emiten facturas falsas y señaló que López Obrador miente cuando dice que este organismo actúa como un partido político.
En tanto, el Consejo Coordinador Empresarial aseguró que ningún organismo afiliado avala el fraude o la corrupción, pues si se propusieron cambios a la reforma en contra de las factureras fue para cerrar espacios a arbitrariedades.